De
aprobarse en forma definitiva, celebramos que sea Venezuela el cuarto país en
la región en elevar una ley nacional sobre Acceso Abierto, después de Perú,
Argentina y México. Cada una de estas experiencias previas cuenta con sus
matices, ventajas y limitaciones para reglamentar lo decretado, pero, al fin y al
cabo, es un gran avance contar con decisiones de Estado en este tema que ha movilizado
sin duda la comunicación de la ciencia en las últimas décadas. Esperamos que
Venezuela haya recibido la suficiente asesoría y tome en cuenta la experiencia
de sus países hermanos en este tema.
No
obstante, al leer el Proyecto de Ley es inevitable que asalte cierta
contrariedad ante lo que se entiende por conocimiento. No queda claro, por
ejemplo, que el conocimiento que se supone deba ser de libre acceso se derive
de un sistema nacional científico
tecnológico y de innovación (CTI) que requiera ser fortalecido. Al no asomar en
ninguna parte del texto que la llamada sociedad del conocimiento esté asociada (entre
otros) a la productividad científica, se concluye que esta Ley podría pasar a
formar parte de la lista de buenas voluntades e ilusiones adornadas de una
arenga reivindicativa de los pueblos, sin ningún tipo de asidero para pretender
cierto impacto en la práctica.
Debemos
advertir que el Acceso Abierto no es un invento de los gobiernos ilusos que
levantan la voz, cacareando soberanía en nombre de un movimiento de libre
contenido. Esta tendencia se origina precisamente en los países de mayor productividad científica, cuyas comunidades de investigación detectaron
tempranamente las ventajas de Internet para reivindicar la autonomía de quienes
producen ciencia en la distribución y acceso a los resultados de investigación.
Se trata sin duda de uno de los planteamientos más revolucionarios en los últimos
tiempos, surgidos desde la academia misma ante una condición históricamente
monopolizada que durante siglos impidió una libre circulación del conocimiento
científico, con una estructura creciente de costos.
Convencidos
progresivamente, los Estados europeos, de América del Norte y algunos de
América Latina han empezado a ver la necesidad de legislar sobre un tema que
requiere cambios culturales y organizativos para hacerle frente. Entre algunos
aspectos nuevos, se introduce la necesidad de consolidar una infraestructura de
redes académicas en la cual deben soportarse las iniciativas de libre acceso al
conocimiento, además de generar planes específicos de formación de un recurso
humano técnico organizativo que enfrente con solvencia retos, como por ejemplo,
la creación y consolidación de repositorios institucionales y su respectiva
interoperabilidad con otras plataformas para alcanzar la verdadera visibilidad
de la producción científica nacional. El Programa Horizonte 2020 de la Unión Europea es un buen ejemplo.
Si
Venezuela apunta hacia este camino, debe sin duda eliminar barreras internas
como por ejemplo la promulgación del decreto 6649 que ha declarado el uso de
Internet y la inversión en TIC como un gasto suntuoso en las estructuras
públicas, entre ellas, las universidades, una forma de echar por tierra la
condición prioritaria de Internet, años atrás
promulgada.
Sincerar la condición de rezagados en materia de conexión a Internet también
sería un buen ejercicio para lograr avances, pues es el soporte básico para que
los usuarios finales puedan acceder al contenido que se obliga a hacer visible.
Pero
suponiendo que ésta sea una tarea fácil, al igual que declarar la condición libre
y pública del conocimiento, se debe crear un ambiente favorable para que éste
se produzca. En un estudio realizado este año
por esta servidora, sobre los indicadores de inversión en el sector CTI,
productividad científica, tendencias de visibilidad académica en la web y
colaboración científica en ocho países y 22 universidades de América Latina,
obtuvimos los siguientes resultados:
- Venezuela registró en el año 2010 una alta inversión en CTI: 2,36%
del PIB (RICyT 2010), lo que la ubicó como un país fuera del promedio registrado
en la muestra de la región (con menos de 1%). No obstante, desde el año
1996 Venezuela expresa una tendencia muy baja en su productividad científica, medida por las publicaciones que forman parte de la lista de
la empresa Elsevier, alejándose considerablemente de países como México,
Argentina, Chile y Colombia. Contrario a estos países, con un sostenido
crecimiento en la productividad científica, Venezuela reflejó una disminución
progresiva desde el año 2009. Esto nos dice que no hay una relación
proporcional entre la inversión registrada y la productividad científica.
- Entre
los países de la muestra, Venezuela registró la participación más baja en
proyectos colaborativos financiados por fondos europeos.
- En iniciativas nacionales, como
programas oficiales para optimizar la infraestructura de redes académicas,
capacitación y estímulo en la creación de repositorios, Venezuela registró
un nivel bajo, muy alejado de países con iniciativas consolidadas, como Chile y Colombia.
- Después de haber ocupado lugares privilegiados a principios del
siglo XXI en el ranking web de universidades del mundo, en el año 2013 la
Universidad de Los Andes ocupó uno de los últimos lugares en las
instituciones de la muestra, en este mismo ranking.
Sin duda, estamos cada vez más alejados de contar con un ecosistema fortalecido para la producción científica y su respectiva inserción en el modo emergente de la comunicación de la ciencia. En estos tiempos de nuevas demandas sociales hacia la actividad científica, no estamos como para estar defendiendo a ciegas una condición neutral y valorativa de la ciencia, pero esto no puede llevarnos a pensar que una sociedad del conocimiento se construye aislada de la actividad académica. Preferimos pensar que cuando el texto del Proyecto de Ley habla del conocimiento, como un “ejercicio de la soberanía popular” no debe estar refiriéndose a eso, pues sería suponer que Venezuela es un país experto en fabricar ilusiones sin tierra firme.
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